Excelente recaudación en Aragón gracias al Juego

El juego es un filón de ingresos para el Tesoro Público. Tanto, que sólo las loterías y quinielas proporcionan al Estado anualmente más de 70 millones de euros en Aragón. Esta cifra prácticamente duplica el aumento que, como media, sufre cada año en la comunidad el déficit de la Sanidad, unos 40 millones.

Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, los aragoneses se jugaron el año pasado 264,62 millones de euros en sus juegos: Lotería Nacional --161,27--, Quiniela --14,95--, Primitiva --52,78--, Gordo de la Primitiva --7,51--, Bonoloto --15,17-- y Euromillones --12,93--.

El Tesoro ingresó por este concepto 74,42 millones de euros. Las principales aportaciones salieron de la Lotería, con 40,31 millones, y la Primitiva, con 17,41. Les siguen, a mucha distancia, la Bonoloto, con cinco millones; la Quiniela, con 4,93; el Euromillones, con 4,26, y el Gordo de la Primitiva, con 2,47.

La DGA tiene transferida la gestión de las tasas fiscales de otros juegos, por las que los Presupuestos de la comunidad tienen consignados unos ingresos de 82 millones de euros: 36,29 por las tragaperras, 41,2 por los bingos y 4,76 por los casinos. También prevé recaudar 2,3 millones por otros conceptos relacionados con el juego, básicamente la prestación de servicios y la venta de cartones de bingo. Sin embargo, los ingresos por quinielas y loterías van a parar íntegramente a las arcas estatales.

El sistema sanitario aragonés, transferido al arrancar el ejercicio del 2002 con una dotación calculada a partir de la situación de 1999, acumula una deuda de en torno a 120 millones de euros. La búsqueda de soluciones para el déficit sanitario, que suma unos 4.900 millones en el conjunto del Estado, será tema único de debate en la cumbre de presidentes autonómicos prevista para el mes de septiembre.

Para solucionarlo, el Gobierno estudia proponer a las comunidades una aportación de 750 millones en el 2006 y el 2007 para, durante ese periodo, impulsar una serie de reformas legales que doten a las autonomías de capacidad recaudatoria para aportar la misma cantidad. Esta medida es rechazada en bloque por la oposición, tanto de derecha como de izquierda, en Aragón. Temen que conllevará un incremento de la presión fiscal indirecta, que grava por igual a los ciudadanos con independencia de sus niveles de renta y riqueza.

La DGA, por su parte, se ha mostrado partidaria de que el Gobierno central aporte 3.000 millones al año durante tres ejercicios. También está decidida a gravar con 2,4 céntimos cada litro de hidrocarburos y no descarta aumentar el impuesto sobre la electricidad.