Tasa sobre las tragaperras

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) ha avalado en una sentencia el cobro de la tasa sobre máquinas tragaperras.

La sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal se ha pronunciado sobre la reclamación realizada por un empresario de Puebla de la Calzada que le reclamaba a la Junta 661.858,57 euros pagados en concepto de la llamada tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar. Los cobros correspondían a los años de 1998 y 1999.

En el recurso presentado por el empresario se reclamaba la devolución de ese dinero pagado a la Consejería de Economía, Industria y Comercio.

Como argumento para reclamar esa cantidad se alega en el reclamación -según se explica en la sentencia-, una cuestión de inconstitucionalidad. No obstante, la sala afirma que «en modo alguno quedan vinculados los órganos del Poder Judicial a la petición por las partes del planteamiento de la cuestión, sino que ello sólo será posible cuando no se aprecie por éstos esa confrontación constitucional, conforme a la doctrina elaborada por el mismo Tribunal Constitucional».

El empresario argumenta en la reclamación que existe una coincidencia impositiva entre este impuesto sobre el juego y el IRPF o el impuesto sobre sociedades.

El TSJEX recuerda que no es la primera vez que tiene que enfrentarse con la pretendida constitucionalidad del impuesto sobre el juego.

El fallo del TSJEX rechaza el argumento del demandante en el sentido de que el impuesto sea «confiscatorio». Afirma textualmente que «nunca se ha acreditado -y fácil habría sido hacerlo-, que, pese al impuesto, la actividad no sea rentable.

Impuesto especial

La sentencia añade más adelante que este tributo no tiene únicamente una finalidad recaudatoria, ya que según ha dictaminado el Supremo se trata de un impuesto especial que grava el juego, «y cuyo objeto es reintegrar a la sociedad parte de los ingresos y beneficios procedentes del mismo, para compensar así el elevado coste social y moral que lleva consigo el juego, rayano a veces con graves ludopatías, con los consabidos quebrantos familiares y económicos».

Esta finalidad extrafiscal del impuesto ya ha sido sancionada reiteradamente por el Tribunal Constitucional, según asegura el TSJEX. En base a estos argumentos, la Sala de Contencioso rechaza la reclamación del empresario y estima que la Junta no deberá devolver el dinero reclamado.